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Este viernes, a las 12, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná dará a conocer su decisión sobre si dispone la prisión preventiva para Pedro Ángel Báez, exministro de Comunicación y Cultura durante la gestión de Sergio Urribarri.
La solicitud fue realizada la tarde del martes 19 de noviembre por los representantes del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, quienes argumentan que existe un riesgo de fuga por parte del exfuncionario.
Báez, quien fue condenado en el megajuicio de 2022 a una pena de seis años y medio de prisión por delitos contra la Administración Pública, está a un paso de enfrentar la medida cautelar que busca garantizar que, si la sentencia adquiere firmeza, cumpla con la pena impuesta en el megajuicio.
Los fiscales Ignacio Aramberry, Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro y Gonzalo Badano plantearon que la situación de Báez debería equipararse a la de Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, quienes, tras la orden de arresto dictada el martes 19 por la Cámara de Casación Penal, ya se encuentran detenidos en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.
Los cuatro acusadores fundamentaron el arresto preventivo. Por caso, la fiscal Yedro aseguró: “Tenemos que manejarnos en base a pronósticos, elementos concretos y ciertos y que es un posible riesgo de fuga. La situación de Báez ha cambiado por el fallo de Casación del día de la fecha, pero también debemos valorar no solamente la pena a la cual ha sido condenado, sino también las características personales”.
“Estamos hablando de una persona que tiene sobrados recursos técnicos, económicos y vínculos. Se ha desempeñado como funcionario público de alto rango, con personas que podrían colaborar con esa fuga, y cuenta con recursos económicos suficientes como para poder salir del país fácilmente”, subrayó.
Además, mencionó que el exministro tiene una causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que “se observó que no puede justificar su patrimonio”. “Podemos sospechar que va a eludir el cumplimiento de la condena. Son personas en las que la ciudadanía ha depositado la confianza para que los represente y la han defraudado, no estamos ante ciudadanos comunes sino ante personas condenadas por delitos graves que a los estados se nos impone investigar, juzgar y condenar”, completó.
La defensa pidió el rechazo de la prisión
Durante la audiencia realizada el martes por la tarde-noche, los abogados defensores de Báez, Ignacio Esteban Díaz y José Velázquez, pidieron el rechazo de la solicitud de prisión preventiva, considerándola arbitraria.
“La sentencia de Casación no es un elemento de cargo, no es un motivo para acreditar un riesgo de fuga, se tiene que analizar el caso concreto. Además, los riesgos que analizó Casación para los casos particularisimo de Urribarri y Aguilera no son trasladables a Báez, porque el análisis siempre es particular”, dijo Velázquez en la audiencia del martes.
También mencionó “la sentencia no está firme o va a adquirir firmeza cuando no haya recurso alguno. Acá analizamos el riesgo de fuga, no de sanción, no de condena, no de Unidad Penal”.
El defensor también indicó que la Fiscalía no aportó elementos concretos para que se configure el riesgo de fuga. “Dijeron que hay sobrados recursos técnicos y económicos y sobrados contactos de Báez ¿cuáles son? Sólo se suponen. Es la primera vez que escucho que el haber sido ministro es un elemento que sostiene el peligro de fuga. Para colmo incluyen la causa por enriquecimiento ilícito. Se lo ha citado a responder por lo que la fiscalía entiende que son inconsistencias patrimoniales y ha respondido. Falta muchísimo para esclarecer esta circunstancia y falta la pericia oficial”, manifestó.
Asimismo, argumentó que no corresponde dictar la prisión preventiva debido a que Báez supera los 60 años, lo que lo califica como adulto mayor según las convenciones internacionales, como las reglas de Brasilia.
También dijo que el exministro tiene arraigo en Paraná, donde vive con sus hijos y su hermano, y que, en su momento, amigos ofrecieron bienes como garantía para la caución, lo que refuerza su vínculo con la localidad.
Velázquez añadió que Báez enfrenta problemas de salud, como diabetes, hipertensión y celiaquía severa, que requieren cuidados médicos constantes. En este sentido, solicitó que se considere la prisión domiciliaria, en lugar de la detención en la Unidad Penal, y que un médico forense evalúe su estado de salud. Subrayó que, en caso de ser aprobada la prisión domiciliaria, se debería establecer un plazo razonable para los estudios médicos correspondientes.
Luego de escuchar a ambas partes, el Tribunal integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón dispuso un cuarto intermedio y se espera que este viernes 22 se conozca la resolución final.
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