Hospital Bonaparte: «El gobierno no habló de cierre sino de reestructuración»

Aun cuando la bola del cierre del hospital de referencia en salud mental del país “Laura Bonaparte” se echó a correr informalmente el viernes pasado, 72 horas después, los únicos sustantivos concretos que salieron del Gobierno fueron “reestructuración” y “reorganización”, más allá de que aseguren que van a reubicar a los pacientes internados. ¿Cuál es el verdadero plan que mastica el flamante ministro de Salud, Mario Lugones, considerando que integra una gestión a la que no le tiembla el pulso cada vez que debe anunciar el cierre definitivo de cualquier área del sector público?

Mientras el Gobierno le escapa a las confirmaciones, el tema de la salud mental toca un nervio sensible, no solo porque los pacientes involucrados están en una situación de especial vulnerabilidad sino porque hace casi 15 años que Argentina incumple las premisas de la ley de Salud Mental sancionada en 2010, con la que se pretendió revolucionar el sector.

Esa misma ley creó un Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, que hace las veces de Defensoría. Este lunes, autoridades de esa entidad instaron al Gobierno a retroceder cualquier medida de cambio, cuando se presentaron en el hospital y pidieron al Ministerio precisiones sobre si está previsto el cierre de algún servicio, así como saber de qué forma se prevé la continuidad de los tratamientos y si ya hubo pacientes trasladados. Clarín consultó al área de Salud para saber si echarán para atrás la «reestructuración», pero desde el entorno de Lugones explicaron que «lo está analizando el equipo de jurídicos».

En estas horas, fuentes a un lado y al otro de la grieta ideológica a la que quedó reducida esa normativa coinciden por lo bajo en mostrar preocupación por la decisión del supuesto cierre del Bonaparte. Algunos entienden la medida, no tanto como una decisión sesuda sino más bien como una exagerada demostración de fidelidad del flamante ministro Lugones, quien le estaría dando una señal de austeridad presupuestaria plena al Ejecutivo.

No parece tan fácil entender adónde irá a parar la población que hoy ataja el Bonaparte. A diferencia de otros centros de salud, ahí se abordan trastornos mentales severos y también pacientes con problemática de adicciones.

Son dos temas que, contra lo que suplicaban los familiares de víctimas de adicciones, la ley de Salud Mental insistió en fusionar bajo el ancho rótulo de la “salud mental”, pero que en la práctica no todos los hospitales logran abordar acabadamente.

El bajo grado de implementación de la ley de Salud Mental podría ser un problema, de cara a un intento de cierre del Bonaparte.

Aunque los hospitales “comunes” (polivalentes) deberían tener instaladas verdaderas unidades de salud mental, de modo de recepcionar urgencias, diagnosticar e indicar internaciones “cortas” -indica la ley- y aunque deberían existir dispositivos tipo “hospital de día” con equipos interdisciplinarios solventes y “casas de medio camino” (la idea era desactivar las instituciones monovalentes, sólo enfocadas en salud mental), nada vino siendo tan sencillo en un país que en más de una década casi no destinó presupuesto para implementar los cambios previstos en la ley.

La pregunta no es solo por el futuro de los 39 pacientes que -confirmó Clarín con fuentes hospitalarias- ocupaban camas de internación este lunes sino también por las 25.000 personas que se atendieron ambulatoriamente en lo que va del año.

Y se suman -según cifras de la asamblea de trabajadores del establecimiento- las 15.000 consultas hechas a través de dispositivos territoriales que instaló el Hospital Bonaparte en zonas de demanda estratégica: Villa Zavaleta, Villa Palito e Isla Maciel, si bien el último de esos dispositivos fue desactivado desde el cambio de gobierno.

En definitiva, ¿cuáles son los planes del Ministro de Salud?

Mario Lugones es una figura poco conocida, pero no nació en 2024 y es más que el padre de Rodrigo Lugones, como lo identifican los medios en estos días. Es, en efecto, el padre de un íntimo amigo del influyente Santiago Caputo, pero la red de poder trazada por Lugones supera con creces la corta vida de la gestión libertaria.

El actual Ministro vino representando una fuente de poder inagotable en las gestiones de Salud de las últimas dos décadas, al margen del signo político de turno.

En este sentido, el cambio que busca aplicar al Hospital Bonaparte no es el primero, pero resulta destacable que constituya la primera decisión fuerte -y sin dudas traumática- del “Lugones funcionario”. Eso sí, es poderoso pero no decide solo: la medida contó con el apoyo de su hijo y del favorito de Presidencia Santiago Caputo, informó una alta fuente del sector.

Es la misma persona que aseguró que el Presidente Javier Milei posiblemente ni siquiera haya estado al tanto de toda la maniobra con el hospital. Hay que ver si la hubiera avalado, dada su simpatía y confianza por el ex ministro de Salud -eyectado hace diez días- Mario Russo, quien había venido resistiendo el cierre del Bonaparte, entre otras de las medidas que el “Lugones-no-funcionario” vino imponiendo en los últimos meses.

Cuando Mario Russo terminó de perder terreno, las cartas finalmente se echaron. Sin embargo, el Gobierno no las termina de mostrar. ¿Cerrarán total o parcialmente los servicios del hospital Laura Bonaparte?

Desde el Ministerio de Salud se limitaron a responder solo unos trazos gruesos y varias consultas de este medio continúan pendientes de contestación. Por escrito informaron que “se inició un plan de reestructuración”, aclararon que “no se cerró la guardia” y que “se continúan atendiendo con normalidad las consultas ambulatorias”. Son mensajes para tranquilizar, pero que no dicen mucho sobre lo que pasará en los próximos días.

Con el hospital funcionando a media máquina, destacaron que “no habrá nuevas internaciones”, aunque no explicitaron adónde serán redireccionados los pacientes que acudan a la guardia y precisen una cama para más que unas horas.

La misma incertidumbre pesa sobre otro dato clave, y es que el Gobierno aseguró que derivará a otros hospitales los pacientes ya internados en el lugar. ¿Adónde los llevarán?

Según se pudo averiguar, no hubo un pedido expreso a la ciudad de Buenos Aires, que cuenta con cuatro hospitales con dispositivos de salud mental, además de otros centros de atención primaria destinados a este fin. Desde el entorno de Lugones se limitan a explicar que por ahora están “garantizando la continuidad de los tratamientos de los pacientes internados”.

Este lunes, esas personas eran 39, pudo confirmar este medio con médicos del lugar, más allá de que en una comunicación oficial el Ministerio informó que el promedio de camas ocupadas es 19.

Es un número chico en comparación a las camas que en realidad tiene el hospital: 60, aseguran fuentes del lugar, que aclaran que «hay 20 no habilitadas» en estos días, ya que están en obra, por una decisión de reforma de la gestión actual del hospital, que juzgó que algunas habitaciones tenías problemas de seguridad para los pacientes.

Clarín habló con dos fuentes relacionadas al “Laura Bonaparte”. Por un lado, el psiquiatra Nicolás Oliva, del departamento de Formación del establecimiento, un sector que da capacitación interna y externa a profesionales de la salud, y desde la que también se hace investigación.

La posibilidad para los profesionales de la salud de tratar pacientes e investigar sobre los temas que abordan no es menor y está en línea con una tendencia en alza, afianzada en algunos de los centros de salud más evolucionados. Oliva destacó estos y otros muchos aspectos relativos a la contención de los pacientes, si bien reconoció que obviamente hay mucho por perfeccionar. Consideró que se hicieron enormes cambios (para mejor) en los últimos años.

La otra fuente que habló con Clarín es Edith Benedetti, psicóloga e interventora en 2012 del viejo Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO), luego transformado en Hospital “Laura Bonaparte”. En 2020, tras la gestión de Mauricio Macri, volvió a quedar al mando del hospital.

Se le consultó por la cuestión presupuestaria y por la aplicación (o no) de la ley. También destacó el progreso que se hizo, en particular en los últimos tres años, que posicionaron al Bonaparte como hospital de referencia nacional en salud mental.

Ambos señalaron los dispositivos de atención general que se sumaron (atención a chicos y adolescentes, diagnóstico por imágenes, estudios de laboratorio), el robustecimiento de la demanda espontánea y de la atención por guardia (siempre con equipos interdisciplinarios formados) y la atención del 0800.

Con ellos coincidió Alberto Trímboli, jefe de salud mental del Hospital Álvarez, ex director de Sedronar, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) y ex presidente de la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH).

Trímboli aseguró que “con esta medida se incumple la ley en varios puntos». El primero es que «la ley de salud mental no habla de cierre, sino de adecuación a los principios del abordaje comunitario y de la atención primaria de la salud. Habría que profundizar la reforma iniciada, que se frenó en enero de este año”.

En segundo lugar (y sin contar los derechos adquiridos por los trabajadores, un tema que la ley destaca), “al hablarse de traslados sin que quede claro cuándo, dónde y cómo, se está violando el derecho de los pacientes a ser atendidos en su comunidad, cerca de donde viven y de sus allegados”.

Es un tema que Trímboli juzgó clave y que el Gobierno parece estar sobrevolando: «Este cambio abrupto influirá negativamente en su salud mental. Dado que no hay claridad desde el Gobierno, la incertidumbre puede generar angustia en los pacientes”.