Llamaron a indagatoria al intendente de San Pedro por la contaminación del río Paraná

En las últimas horas, el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás ordenó la declaración indagatoria del intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, y de cuatro de los funcionarios de su administración. Todos están acusados de ser coautores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con contaminación ambiental, por el vuelco al río Paraná de efluentes líquidos cloacales sin tratamiento, lo cual se considera un riesgo para la salud de la población

Según se informó desde el sitio web fiscales.gob.ar, la resolución se dictó a requerimiento del titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, el fiscal federal Matías Di Lello, en el marco de una investigación penal iniciada hace dos años. A lo largo de ese tiempo, se pudieron constatar “altos niveles de contaminación en el frente costero de San Pedro, localidad que hace al menos 30 años tiene inactiva su planta de tratamiento de efluentes cloacales”.

Ante la naturaleza del delito investigado, colaboró en la causa la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), cuyo titular es el fiscal federal Ramiro González.

Los llamados a indagatoria por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo fueron el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar; el secretario de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad, Mariano Brañas; el director de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio; el ex secretario de Obras Públicas, Javier Silva; y el ex secretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez, los dos últimos con mandato cumplido en diciembre de 2023.

Salazar es intendente de San Pedro desde el 10 de diciembre de 2015. Es dirigente del Partido FE San Pedro y secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) San Pedro. También fue vicepresidente de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) desde 1995 hasta 2015.

De acuerdo a los elementos y pruebas que recopiló  en su investigación, el fiscal Di Lello consideró que las conductas atribuidas a los acusados se encuentran tipificadas en el artículo 248 del Código Penal, en concurso real con el artículo 55 de la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos, en carácter de coautores. Es decir, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con contaminación ambiental.

Cecilio Salazar está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con contaminación ambiental

Según la notificación oficial, las indagatorias están previstas para los días 18, 19 y 20 de marzo de 2025, entre las 9.30 y las 10.30.

El inicio de la causa data del 13 de diciembre de 2022 y fue a raíz de otra investigación sobre contaminación de las aguas, en este caso sobre el vertido de efluentes con sustancias peligrosas al río Baradero.

En ese contexto, Sebastián Bringas, fiscal federal de Campana, dispuso realizar una pericia sobre muestras tomadas aguas arriba del tubo de descarga de la firma Ingredion Argentina SA (ubicada en Baradero) la cual arrojó como resultado niveles superiores a los límites establecidos por una resolución de la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires. Los resultados llamaron la atención de los responsables del estudio, quienes alertaron que el agua ya bajaba con un grado de contaminación fecal, una descarga cloacal anterior a la de la industria investigada.

Fue así como la fiscalía ordenó ampliar las tareas investigativas al Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), tendientes a identificar el origen de los coliformes fecales hallados en las muestras tomadas en Baradero.

“El grupo especial de la PFA se trasladó al límite de Baradero con San Pedro para obtener muestras en la confluencia del río Paraná con el río Paraná de las Palmas. El resultado de ese análisis fue superior al límite permitido de coliformes fecales termotolerantes, y dieron positivo para la presencia de bacterias de escherichia coli”, se indicó.

Se resaltó a su vez que en esa primera etapa “tres estudios revelaron valores superlativos en cuanto a la presencia de coliformes fecales y se pudo constatar que San Pedro no cuenta con una planta de tratamiento de efluentes cloacales”. Es por eso que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declinó la competencia a su par de San Nicolás a los fines de que se investigue la posible contaminación del río Paraná advertida a la altura de San Pedro. Por ello, tomó las riendas de la investigación Di Lello, quien solicitó varias medidas a la División Delitos Ambientales de la PFA: que se identifiquen e inspeccionen los vuelcos de efluentes cloacales en todo el frente costero de San Pedro; relevar e informar si existía alguna anormalidad; que se establezcan las ubicaciones exactas de los puntos de vuelco; obtener muestras líquidas aguas arriba y abajo; y que se localicen las plantas de tratamientos de efluentes de cloacales.

A comienzos del 2023, específicamente el 9 de enero, se tomaron muestras de un vuelco pluviocloacal ubicado en inmediaciones del puerto de San Pedro. De igual modo, se procedió en cercanías del Museo del ARA Irigoyen (en el cruce de las calles Reinaldo Ansaloni y Juan de Garay) donde se halló un ducto con caudal constante de vertidos que emanaban olores nauseabundos. Los valores de DQB (demanda química de oxígeno) y sólidos sedimentables estaban por fuera del parámetro establecido por la Resolución ADA 336/03. Además, tres estudios revelaron valores superlativos en cuanto a la presencia de coliformes fecales y se pudo constatar que San Pedro no cuenta con una planta de tratamiento de efluentes cloacales.

Se sumó a la causa un informe de la Dirección de Control Técnico de la ADA sobre los expedientes administrativos relacionados a las plantas de tratamiento de efluentes cloacales. En ese sentido, un monitoreo realizado el 28 de febrero de 2023 sobre los líquidos que fluyen al río Paraná sin paso previo por la Planta de Tratamiento de líquidos cloacales, concluyó que “no cumple con las normas de calidad acordes al marco regulatorio vigente”.

Además, el estudio confirmó que la planta depuradora está totalmente desafectada de servicio, por lo que el líquido cloacal es conducido por un bypass que llega al río Paraná en una zona recreativa contigua al puerto. Esa situación “se agrava por la probable derivación de parte de efluente cloacal al sistema pluvial, con la consecuente descarga en otros puntos del río agua arriba”.

Se notificó al municipio sobre los resultados de esos informes y se solicitó que detalle los planes de acción, fuentes de financiamiento y plazos tendientes a la implementación de un sistema de tratamiento de efluentes cloacales dentro de los límites impuestos por la normativa vigente. En 41 años, en San Pedro se presentaron 22 ordenanzas, 33 resoluciones y 5 comunicaciones vinculadas al tema, pese a lo cual nunca se volvió a poner en funcionamiento la planta depuradora.

El 31 de julio de 2023 se realizó un allanamiento en la Municipalidad de San Pedro para “obtener copias de los planos de la planta de tratamiento cloacal, el secuestro de toda la documentación tendiente a acreditar en qué estado se encontraba, quiénes resultaban ser los responsables del funcionamiento y toda información que fuera vital para evaluar el impacto ambiental denunciado”.

Álvarez, por entonces secretario de Servicios Públicos, manifestó que la planta de tratamiento cloacal de San Pedro pertenecía a la provincia de Buenos Aires pero a principios de 1980 pasó a formar parte del patrimonio municipal y se mantuvo en funciones hasta 1982. Además, reveló que los residuos cloacales son “desechados a un riachuelo que sería un brazo del río Paraná”.

Especialistas de la UFIMA dictaminaron que la presencia elevada de coliformes fecales en el efluente presenta, a la luz de la Ley N°24.051, la característica peligrosa “H6.2″, que se traduce en sustancias infecciosas o desechos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre.

La fiscalía también citó a prestar declaración testimonial al director provincial de Agua y Cloaca de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Sergio Benet, quien confirmó que ese organismo no había recibido ningún proyecto relacionado a la optimización, rehabilitación y/o construcción de una planta depuradora y efluentes cloacales para San Pedro, y que los funcionarios de esa ciudad no habían manifestado inconvenientes al respecto.