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El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 de la Capital Federal condenó hoy a penas de hasta 9 años de prisión a siete integrantes de una organización criminal, trasnacional que desarrolló en el país, al menos desde el 2006 hasta el 21 de octubre de 2020, de manera habitual y constante, maniobras de lavado de activos, con el objeto de poner en circulación y administrar dentro del mercado local, bienes provenientes de ilícitos penales, y otorgarles con ello, apariencia de licitud por al menos nueve millones de dólares.
Además, se fijaron penas de multa para tres personas jurídicas y se ordenó el decomiso de inmuebles y de cuatro vehículos obtenidos por la organización con el producto de los delitos.
La lectura del veredicto estuvo a cargo del presidente del tribunal, Gustavo Losada, quien estuvo acompañado por sus colegas Karina Rosario Perilli y Jorge Alejandro Zabala. Los fundamentos de la condena se darán a conocer el próximo viernes 27 a las 13.
El debate oral fue promovido por el fiscal general a cargo de la Fiscalía General de Juicio N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Marcelo Agüero Vera, junto con la auxiliar fiscal Jesica Pereyra, quienes actuaron con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Los representantes del MPF indicaron que en el marco de esta causa se investigaron más de 20 hechos de lavado de activos y que “de acuerdo (únicamente) a las operaciones que se encuentran documentadas, los imputados habrían logrado convertir la suma de -por lo menos- nueve millones de dólares de origen ilícito, en activos de apariencia lícita”.
Condenas
Así, los jueces del tribunal condenaron al líder de la organización, Carlos Sein Atachahua Espinoza, a 9 años de prisión y a una multa de 154.866.950 pesos por considerarlo “jefe” de la asociación ilícita, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado, en carácter de coautor. El imputado de nacionalidad peruana era considerado como “beneficiario” de la maniobra, ya que era quien generaba las ganancias ilícitas que debían ser legitimadas.
Asimismo, a Miguel Ángel García Ramos lo condenaron a 6 años de prisión y una multa de 44.247.920 pesos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado.
A Maribel del Aguila Fonseca -esposa de Atachahua Espinoza- cuyo rol era el de asesora financiera del jefe de la organización, la condenaron a 5 años de prisión y una multa de 83.777.070 pesos como miembro de la asociación ilícita, en concurso real con lavado de activos agravado.
En tanto, Naddya Lebira Atachahua del Aguila -hija de Atachahua-, y Carla Violeta Correa Castañeda -pareja de García Ramos-, recibieron 3 años de prisión en suspenso dado que operaban bajo el rol de “lavadoras/ejecutoras” como coautoras del delito de lavado de activos y se les impusieron multas de 2.724.300 y 990.000 pesos, respectivamente.
Para Nelly Norma García Broncano y Luis Lenchung Guardia Atachahua, quienes son la hija adoptiva y el sobrino del líder de la organización, y además actuaban como testaferros prestando su nombre en distintas operaciones, las condenas fueron como coautores del delito de lavado a la pena de 3 años de prisión en suspenso y al pago de multas de 1.816.200 y 9.200.000 pesos, respectivamente.
Por estos hechos, fueron imputados también el contador Carlos Alberto Espasandín y María Soledad Sosa, quienes admitieron su responsabilidad penal en el marco de un acuerdo de juicio abreviado parcial.
A su vez, a las firmas “Tebinan S.R.L.”, “Rosgar S.A.” y “SYB S.A.” el tribunal les canceló la personería jurídica y les impuso una multa de 24.852.180, 46.305.000 y 7.408.050 pesos, respectivamente.
En tanto, a “Espacio libre S.R.L.”, le cancelaron la personería jurídica.
El tribunal ordenó el decomiso de diversos bienes pertenecientes a las personas condenadas y respecto de las sociedades involucradas. Entre ellos seis inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tres automóviles y una motocicleta y otros bienes y dinero secuestrados en los distintos allanamientos.
La causa
En su alegato, Agüero Vera y Pereyra precisaron que los integrantes de la organización -en el rol que les cupo- se valieron de una serie de actos de conversión, transferencias, administración, ventas, grabaciones, disimulaciones, aplicaciones, entre otros, perpetrados en su nombre o en nombre de las sociedades comerciales, que le permitieron poner en circulación en el mercado local sumas de dinero de origen ilícito, que los imputados tenían en su poder en efectivo, a los fines de otorgarles con ello, apariencia de licitud.
Según precisaron los representantes del MPF, se pudo avanzar en esta causa a través de diferentes líneas investigativas, entre las que destacaron el descubrimiento de las maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes y de contrabando de divisas en las que habría intervenido junto a Atachahua y otros miembros de la organización, el arrepentido colaborador Diego Xavier Guastini, quien fuera asesinado a balazos por un sicario el 28 de octubre de 2019 en el partido bonaerense de Quilmes.
También, Agüero Vera y Pereyra indicaron que debido al impulso que le dio a diferentes investigaciones el Ministerio Público Fiscal de la Nación a través de la PROCUNAR y PROCELAC, se pudo construir una imputación que abarcase las maniobras investigadas en una serie de expedientes diseminados en distintos fueros y jurisdicciones que alcanzaban a los supuestos integrantes de la organización.
Así, sostuvieron que se pudo comprobar que por medio de la adquisición de los paquetes accionarios de las firmas comerciales “Tebinan S.R.L.”, “Rosgar S.A.” y “S y B S.A.”, la estructura que lideraría Atachahua Espinoza logró convertir aproximadamente 7.250.000 dólares en efectivo -cifra desglosada en U$S 1.600.000, U$S 5.000.000 y U$S 650.000, respectivamente- en participaciones societarias que simulaban tener origen lícito.
Por otro lado, explicaron en el alegato que por medio de los diferentes programas de exteriorización de capitales a los que adhirieron tanto Maribel del Aguila Fonseca, como Atachahua Espinoza, habrían logrado convertir al menos la suma de 1.876.820 pesos (aproximadamente 500.000 dólares al momento de su ingreso al patrimonio) y 3.140.912 pesos (aproximadamente 830.000 dólares) en efectivo de origen ilícito que poseían dentro del territorio argentino, en activos locales de apariencia legítima.
