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Presentan proyecto de ley para proteger el patrimonio público y asegurar que el uso de los predios públicos sea definido en beneficio de las comunidades.
La Diputada Nacional Blanca Osuna, integrante del bloque Unión por la Patria, presentó un Proyecto de Ley con el objetivo de garantizar el uso comunitario de predios públicos en las ciudades de Crespo y Concepción del Uruguay, y preservar el patrimonio público local. La propuesta busca evitar la venta de terrenos públicos a intereses privados, favoreciendo su uso en beneficio de las comunidades.
El proyecto, registrado bajo el expediente 7201-D-2024, busca derogar el Decreto 950/2024 del Poder Ejecutivo nacional, que había incluido estos inmuebles en un proceso de transferencia a bienes del sector privado.
Los predios en cuestión son el Destacamento de Vigilancia en Crespo, donde actualmente funcionan el Club Atlético Unión de Crespo y la Asociación Deportiva y Cultural, así como el terreno que alberga el Batallón de Ingenieros Blindados 2 en Concepción del Uruguay. En este sentido, la diputada Osuna expresó: «El Estado no debe ceder sus propiedades al sector inmobiliario sin antes garantizar que los gobiernos locales definan sus prioridades.»
La iniciativa resalta la necesidad de devolver a los municipios la capacidad de decidir sobre el destino de estos bienes públicos, asegurando que su uso se alinee con los intereses comunitarios y favorezca el desarrollo social y urbano de las localidades. «Es fundamental que estos terrenos se destinen a fines sociales, como hábitat, deporte, educación y otras áreas que mejoren la calidad de vida de los vecinos», agregó Osuna.
El proyecto propone la transferencia gratuita de los terrenos a los municipios de Crespo y Concepción del Uruguay, con la condición de que el uso de estos inmuebles sea exclusivamente para fines comunitarios, sin fines de lucro ni especulación inmobiliaria. «Los gobiernos locales deben priorizar el interés de la comunidad por sobre los negocios privados», subrayó la diputada.
Con esta propuesta, Osuna busca que el Congreso ejerza su facultad constitucional para administrar los bienes del Estado, garantizando que los terrenos públicos continúen siendo un recurso al servicio del bienestar de las comunidades, y no de intereses comerciales.
«Desde el Congreso debemos proteger lo que nos pertenece a todos y garantizar que el uso de los bienes públicos esté siempre en función del bienestar colectivo», concluyó Osuna.
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