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El titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, encabezó este lunes por la mañana una movilización al edificio de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. El sindicalista, duramente cuestionado y con problemas judiciales irresueltos por distintos motivos, cuestionó el proyecto de reforma de la actual ley de jubilaciones que en la provincia es una insignia por garantizar el 82% móvil. Esa condición de reconocimiento a los jubilados entrerrianos, parece estar en duda con el proyecto de reforma que impulsa el Poder Ejecutivo de Entre Ríos.
Cabe señalar que Allende, histórico secretario general de UPCN a nivel provincial, un sindicato sin alternancia dirigencial, está jubilado por el sistema previsional entrerriano. Accedió al beneficio en diciembre de 2019, como exdiputado provincial. Una banca que renovó desde 1999 y que dejó al completar su último mandato, en diciembre de 2019.
En noviembre del año pasado, un legislador estaba cobrando más de 2 millones de pesos mensuales, sin contar otros beneficios que reciben (como contratos, que no hacen al recibo de sueldo). La dieta de los legisladores, se incrementa al ritmo de las negociaciones del Poder Legislativo con la Asociación del Personal Legislativo para los aumentos de los salarios de los empleados de las cámaras. En ese momento, una jubilación promedio del sector estaba casi en 1 millón y medio de pesos, según los datos disponibles de la propia Caja de Jubilaciones de la provincia. En junio de este año, la jubilación promedio de un exempleado legislativo en Entre Ríos, superaba los 2 millones 644 mil pesos, siempre según los datos que informa el organismo previsional.
Sin embargo, esa no es la realidad de la mayoría de los jubilados provinciales. Es sólo una porción. Tomar el Escalafón Legislativo, el Judicial, o Tribunal de Cuentas o las jubilaciones de privilegio como ejemplo para justificar una reforma que afecta a todos los jubilados provinciales, se acerca a distorsionar una realidad más amplia y con matices.
“Quieren hacer politiquería barata con nuestra plata. La Caja de Jubilaciones es nuestra, nosotros aportamos la plata y tenemos derecho a discutir. Cómo vamos a estar en contra de una pensión a los Bomberos Voluntarios, o los excombatientes de Malvinas. Pero son responsabilidades políticas, no tiene que afectar a la Caja. Estamos también de acuerdo con que se pensione a la gente de Cultura, pero que lo haga el Gobierno no desde nuestra Caja. Hace años, cuando los municipios temblaban y estaban quebrados, inventaron las Cajas de Jubilaciones municipales, eran la fuente de financiamiento barato con nuestra plata y la de los municipios. Que se hagan cargo, no es un problema de los trabajadores, del Escalafón General o el Escalafón Enfermería. Por eso queremos dar la discusión, queremos decir que mientras algunos nos quieren cortar el 3 por 1 o el 95% móvil a los que los que aportan diez años más, no se los toca a los que aportan poquitito. ¿Por qué a mí me van a poner en la misma situación que al que va a disfrutar diez años más que yo de la jubilación? Discutamos todo. Hay diferentes posturas. Vamos a demostrar que el escalafón general y escalafón de enfermería son los menos deficitarios de todos. Entonces, el menor esfuerzo tiene que estar ahí”, dijo este lunes Allende, frente a un grupo pequeño de manifestantes que ocupó calle Andrés Pazos casi Corrientes.
Por ahora, la discusión real no parece estar abierta. El Gobierno impulsa el proyecto de reforma sin haber convocado a los sindicatos como AGMER, ATE, UPCN que, se supone, intentan representar los intereses de la mayoría de los trabajadores. Analisis
