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Condenas del megajuicio: fijan fecha para discutir el pedido de preventivas

El juicio contra el ex gobernador  de Entre Ríos, Sergio Uribarri, se inició en septiembre de 2021 y concluyó con su condena a mediados de marzo de 2022. La Megacausa, como se la tituló, investigó al también ex embajador argentino en Israel en cinco causas, por el supuesto desvío de fondos públicos. Y concluyó con una condena a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que fue confirmada por la Cámara de Casación de Entre Ríos en mayo de 2023.

La audiencia para discutir los pedidos de prisión preventiva para el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, podría realizarse en los próximos días. El reclamo del Ministerio Público Fiscal (MPF) para ejecutar la condena de abril de 2022 se hizo en abril de 2024, dos años después, cuando la sentencia de primera instancia atravesó todas las instancias judiciales posibles en la provincia y, en todas esas etapas, fue confirmada.

Desde entonces, fijar la fecha para concretar la audiencia en la cual los fiscales pedirán al tribunal que ejecute las condenas, ha sido una tarea de resolución imposible hasta ahora. Fuentes judiciales indicaron a ANÁLISIS que ese cometido finalmente tendrá lugar el próximo 29 de agosto, frente al tribunal que componen los vocales Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara. Habrá que esperar a que llegue el día para ver qué pasa.

La audiencia iba a hacerse el jueves pasado pero se aplazó. En ese momento, el sitio Entre Ríos Ahora recordó que el 18 de abril, los fiscal Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se presentaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pidieron la “inmediata detención” del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y prisión preventiva para el exgobernador Sergio Urribarri, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los tres fueron condenados en 2022 en el marco del megajuicio: a Báez le aplicaron 6 años y 6 meses; a Urribarri, 8 años; y a Aguilera, 6 años y 6 meses.

El abogado Leopoldo Cappa introdujo un planteo y dijo que hay en trámite ante la Cámara de Casación Penal un recurso de queja que cuestiona la integración del tribunal para tratar ese pedido. Pero la OGA le dijo que no haría lugar a ese reproche, aunque igual suspendió la audiencia prevista para el martes 6 y la reprogramó para este jueves 22, a las 9. ¿La razón? Uno de los jueces que integra el Tribunal, Elvio Garzón, extendió el pedido de licencia médica.

Leopoldo Cappa, Fernando Burlando y Javier Baños, el equipo de defensores de Urribarri, volvió a pedir el aplazamiento de esa audiencia con el argumento de que su reproche a la conformación del tribunal sigue en pie y ahora llegó en queja a la Sala Penal del STJ.

La OGA les respondió que su planteo se había vuelto abstracto por cuanto por segunda vez volvieron a aplazar ese trámite. Ahora, en razón de la enfermedad del abogado Ignacio Díaz, defensor del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Baez. Entonces ese trámite, la audiencia para hacer efectivas las condenas que se pidió en abril, se pospuso, sin fecha.

Otro revés en la Justicia para el ex gobernador K de Entre Ríos Sergio Urribarri
  • En la primera semana de agosto de este año, la Corte desestimó un recurso extraordinario del ex embajador en Israel en una causa que reclamaba su cierre por prescripción. No es en el caso por el que está condenado a 8 años de prisión.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso del exgobernador K de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri y dos exfuncionarios, en una causa en la que se investiga la contratación irregular de software para distintas reparticiones públicas de la provincia. En este caso, Urribarri aún no fue condenado. El ex embajador K en Israel si tiene una condena a 8 años e inhabilitación para ejercer cargos en la causa por el desvío de fondos público para su campaña electoral.

En el marco de la causa en la que se investigan negociaciones incompatibles con la función pública, presuntamente efectuadas durante el 2007, las defensas del exgobernador Urribarri -encabezada por el abogado mediático Fernando Burlando- y de los exfuncionarios Miguel Ángel Ulrich y Carlos Haidar, demandaron el sobreseimiento de sus asistidos por haberse cumplido el plazo ordenado por el Código de Procedimientos de la provincia para finalizar la etapa de instrucción.

El juez de primera instancia hizo lugar al planteo y sobreseyó a los imputados. Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público y el sobreseimiento se revocó.

La defensa de los funcionarios planteó un recurso de casación, declarado inadmisible por no estar dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Frente a la desestimación de la vía extraordinaria local y de la respectiva queja, los defensores plantearon un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema.

La Corte entrerriana declaró improcedente la instancia federal, ante lo cual la defensa planteó un recurso de queja.

El caso llegó al Máximo Tribunal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo.

Por otra parte, la ong Entre Ríos sin Corrupción ganó un juicio en la justicia provincial para que las dos cámaras de legisladores le den información sobre datos públicos.

La ong había presentado en la justicia Provincial, dos amparos por pedido de acceso a la información pública, ya que se había solicitado a la Cámara de Diputados y a la cámara de senadores que publiquen la información sobre las personas contratadas y el personal de planta de cada cámara. Pero ambas cámaras se negaron a dar esa información.

Sin embargo, un juez de instrucción sacó sentencias de primera instancia dándole la razón a Entre Ríos Sin Corrupción, ordenando a las cámaras publicar esa información pública.

 

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