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El Gobierno provincial elaboró un informe sobre la caída de la recaudación real a “niveles de pandemia”. Por ello, confían en que ambos proyectos de ley permitan revertir el escenario crítico de los cuentas públicas en el contexto recesivo nacional.
En medio de una fuerte recesión que atraviesa la Argentina, Entre Ríos sufre una fuerte caída de los recursos del Estado y, por consecuente, se ve limitado el Gobierno de Rogelio Frigerio no sólo para dar mejor respuesta a los reclamos salariales de los agentes públicos sino sobre todo para llevar adelante un plan de desarrollo como planificó al comienzo de la gestión. De allí que esperan que las leyes que apruebe la Legislatura sean vitales para dar otro impulso de cara al futuro.
Según un informe elaborado por el Gobierno, que fue compartido este martes a periodistas de la ciudad de Paraná, la Provincia cuenta con un 20% menos de recursos públicos en relación al año pasado, fundamentalmente por la caída de la coparticipación nacional. De acuerdo a cálculos estimativos, son alrededor de 150.000 millones de pesos en concepto de ausencia de transferencias nacionales si se realiza un análisis histórico de los ingresos de la provincia.
Para el Gobierno provincial, los números de las cuentas públicas se asemejan “a niveles de pandemia“, con el agravante de que no existe siquiera la misma tolerancia social. Incluso, advierten que en 2024 se sumaron dos vencimientos de la deuda heredada de Gustavo Bordet, que totalizaron 130 millones de dólares entre el pago de febrero y agosto, que debieron realizarse para evitar entrar en default.
Ante este escenario, la administración de Frigerio confía en que la generación de empleo privado y la recuperación de recursos genuinos se empezará a dar a partir de la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sobre todo en el sector forestoindustrial, y principalmente la creación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) para las industrias que quieran desembarcar en la provincia o aquellas que quieran realizar ampliaciones, cuya iniciativa toma de base el Régimen de Promoción y Desarrollo Industrial de 2023.
Este proyecto ley, que en las próximas semanas se prevé su respectivo tratamiento en ambas cámaras, se complementa con la adhesión al blanqueo de capitales propuesto por el Gobierno nacional. En relación a esta iniciativa, para el Poder Ejecutivo entrerriano “las expectativas son altas”, sobre todo por tratarse de recursos que se sumarán a la coparticipación y permitirán a provincias como Entre Ríos recuperar parte de lo perdido.
Puertas adentro de la gestión de Frigerio consideran que es un año para establecer prioridades, como la provisión de alimentos, cuidar el empleo público y evitar que se pierdan más puestos de trabajo en el sector privado, que este año ya llevan contabilizados alrededor de 5.000 menos. De allí que, entienden, cualquier incentivo fiscal a las empresas será un aliciente ante un contexto de fuerte caída de ventas, aumento de costos y dificultades para sostenerse.
En el mismo sentido, el informe difundido por Provincia argumentan la necesidad de impulsar las medidas de sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, con el reaseguro de sostener el 82% móvil y la Caja provincial. Advierten que el déficit era insostenible y había que “desandar la bomba”, cuya problemática se agravó durante las últimas gestiones. De hecho, señalan que con el Tesoro provincial debe ser cubierto, atento a que Nación dejó de realizar las compensaciones correspondientes, cuyo tema fue judicializado.
La palabra austeridad se repite como ejercicio necesario en un año considerado “muy complejo” y las perspectivas, hasta el momento, son de extrema cautela de cara a 2025. Las variables macroeconómicas que defina el equipo de Javier Milei para el próximo ejercicio serán clave incluso para la confección del Presupuesto de Base Cero de Entre Ríos que definirá la continuidad de la hoja de ruta.
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