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Se trata de Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos. Buscan determinar si conocía lo que pasaba en la residencia oficial. También hay interrogantes sobre el rol de la Unidad Médica Presidencial y los agentes de Casa Militar que debían resguardar al mandatario y su familia.
A Daniel Rodríguez le dicen “el gordo”. Durante la gestión de Alberto Fernández fue intendente de la Quinta presidencial de Olivos y es una persona clave en dos de las causas que más preocupan al expresidente.
En este caso, la atención está puesta en un decreto de Alberto Fernández que obligaba a los ministerios y organismos del Estado a contratar a Nación Seguros a través de brokers. Uno de los intermediarios más beneficiados fue Sosa, que además es esposo de la secretaria privada de Alberto Fernández. La Justicia investiga posible tráfico de influencia y administración fraudulenta. Los investigadores creen que desde su cercanía con el poder, la pareja vio allanado el camino para lograr nuevos negocios.
De hecho, el juez Julián Ercolini espera recibir la tira de chats del celular de Rodríguez para avanzar con su posterior análisis. “No es un personaje menor en la historia”, dicen en Comodoro Py. Rodríguez podría ser el puente para reformar la hipótesis de que Alberto Fernández tuvo un rol directo en la ingeniería que se investiga, si se determina que facilitaba ingresos sin registrar.
En el caso Nación Seguros se investiga a 45 organismos oficiales que firmaron 25 contratos con la intermediación de brokers. En concepto de comisiones, durante todo el gobierno de Alberto Fernández se pagaron $3.453.302.770, unos 17 millones de dólares. Martínez Sosa, el esposo de Cantero y amigo del expresidente, fue el segundo broker más beneficiado con el pago de comisiones: se alzó con 19 contratos por $366.635.744, pero el juez investiga sus vínculos con Bachellier SA la firma que cosechó 1.665.741.081 pesos, gracias a un contrato que consiguió el esposo de Cantero.
La Justicia imputó a Alberto Fernández, Cantero, Sosa y al expresidente de Nación Seguros Pagliano por montar una maquinaria de supuesto fraude al Estado a través del decreto 823/2021, el que exigió que los organismos del Estado contraten a esa asegurada. Eso habilitó la segunda parte de la maniobra: la intermediación de los brokers que se quedaron con jugosas comisiones.
Héctor Martínez Sosa también cobró millonarias comisiones de la Corte Suprema de Justicia; Fondo Nacional de las Artes Org. del Estado; Gendarmería Nacional (una de las obsesiones del matrimonio); Ministerio de Ambiente; Relaciones Exteriores y Culto; Seguridad, Turismo, Policía Federal, entre otros.
TN
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