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Durante su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei apuntó contra Alberto Fernández por el escándalo de los seguros que derivó en su imputación por corrupción.
En medio del cuestionamiento al rol que desempeña el Estado, puso el caso de los seguros como ejemplo de que «no controla, y que lo que controla, lo controla mal para generar un kiosco en cada lugar».
«Tal vez el caso de los seguros que hemos visto recientemente en los medios sea el mejor ejemplo. Un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del Estado para cobrar retornos de cada operación», señaló Milei.
Y agregó: «Un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares de retornos que terminaron en los bolsillos de los políticos».
El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación penal contra el expresidente Alberto Fernández por la presunta contratación irregular de los seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado, marido de una de sus secretarias.
González se pronunció así ante la consulta del juez federal Julián Ercolini sobre la denuncia de la abogada Silvina Martínez presentada en la víspera.
La denunciante pidió que se investigue «la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos».
El escrito describe, sobre la base de una investigación periodística, la supuesta «trama de contrataciones opacas con el rubro seguro, actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política».
«Dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios», sostiene la denuncia.
«Nación Seguros subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales», abundó.
La denuncia apunta a que el «intermediario» era Pablo Torres García, «un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero».
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