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Hubo una audiencia este lunes por la mañana, en el marco de la causa conocida como “coimas” o “dádivas”. La instancia fue ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, pedida por el abogado José Velázquez, defensor del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
“Entendemos que la resolución del juez de Garantías Julián Vergara (que rechazó el planteo en primera instancia) carece de fundamentos y no se abocó al tratamiento completo de nuestro planteo. Entendemos que hay una violación al principio de igualdad porque ya hubo otros dos imputados que accedieron al beneficio de la suspensión de juicio a prueba, con la misma calificación que Cardona Herreros, inclusive en los seis hechos”, dijo Velázquez a este medio.
El defensor consideró que “en un probable juicio, habría una condena de prisión condicional y si se cumplen con los requisitos legales, Cardona Herreros podrá acceder a la suspensión de juicio a prueba”. “Siempre que hacemos un planteo tenemos expectativa, esperemos a ver qué se resuelve. En lo que respecta a la política criminal del Ministerio Público Fiscal, la transparencia y publicación de los mismos, violación del principio de igualdad, esta tensión de convención de lucha contra la corrupción, el objetivo de pacificación social, dan un marco de juego que tendrá que valorar nuestra señoría”, agregó el abogado.
Respecto de la salud del empresario, uno de los puntos argumentados por la defensa para solicitar el beneficio, Velázquez sostuvo: “Su estado de salud es muy delicado y complicado. Sobrelleva como puede esto y está bajo tratamiento”.
La causa apunta al otorgamiento de contratos desde el Estado a la empresa de Cardona Herreros, porque tuvo como supuesta contrapartida el retorno de dinero a funcionarios públicos y privados. La Investigación Penal Preparatoria (IPP) que llevaron adelante los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro se elevó a juicio en mayo de 2022. Recién el año pasado se fijó fecha para la audiencia de remisión a juicio, es decir el proceso que está por iniciar. Es que la causa se frenó largo tiempo debido a algunos motivos: primero la pandemia, después se sobreseyó en primera instancia a varios imputados (una decisión que fue revertida en instancias judiciales posteriores).
El proceso tiene como principal coimputado al exgobernador Sergio Urribarri y otros funcionarios públicos de sus gestiones en la provincia, por presuntas maniobras en el otorgamiento de contratos del Estado provincial que beneficiaron a la empresa Relevamientos Catastrales, que dirige Cardona Herreros.
La Fiscalía rechazó el pedido del imputado
Para otorgar el beneficio de suspensión de juicio a prueba, la defensa debe contar con el consentimiento de Fiscalía. “se explicó por qué la Fiscalía no presta el consentimiento para Cardona Herreros y el juez Vergara coincidió con nuestra postura”, contestó la fiscal Patricia Yedro que junto a Gonzalo Badano llevan adelante la acusación.
“El juez Vergara se encargó de explicar que si bien la calificación legal por la que optó Fiscalía, que estaba debatida en cuanto a si es un delito en concurso real o continuado, es una cuestión que se dilucidará en el debate. Consideró que Fiscalía pidió una pena de prisión en expectativa, lo cual”, recordó la fiscal y entendió que “no se trata de una resolución que no está fundada”.
Yedro contó que aclararon en la instancia previa cuál es el rol que le cupo a Cardona Herreros en los seis hechos plasmados en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y los diferenció de los empleados ejecutivos de Relevamientos Catastrales SA, que estuvieron imputados en la causa pero obtuvieron probations. “Si bien está calificado como partícipe primario y no autor, la diferencia está en el rol que tuvo en la gestión de dádivas. En el marco de las cuáles (Jorge) Zanabone, (Miriam) Fessia, (Guillermo) Linares y (Alfonso) Campitelli actuaron siguiendo las directivas de Cardona Herreros que era propietario de la empresa contratista. De manera tal que esta cercanía de Cardona Herreros con los funcionarios públicos y la gestión de dádivas, llevó a una diferenciación en la intervención de cada uno de los imputados. Por eso en algunos casos sí y en otros no la Fiscalía consintió la suspensión de juicio a prueba”. “Esto es una facultad de la Fiscalía, decidir a quine llevar a juicio y a quien no”, remarcó.
“Son graves hechos de corrupción y el país asumió compromisos internacionales para juzgar y condenar. El juez Vergara destacó la importancia de ventilar estos hechos en un juicio oral y público porque es un mensaje a la sociedad y la democracia”, subrayó y destacó que la decisión del magistrado “está debidamente fundada”.
Finalmente, Yedro señaló la cuestión de salud de Cardona Herreros. “El juez lo tuvo en cuenta y si bien reconoció que tiene una patología bastante grave, fue subsanada con un trasplante reciente y no lo priva de asumir la realización de un debate oral y público. Vamos a pedir que confirme la decisión del juez Vergara”, completó.
