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La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -su nombre completo- es una versión reducida de la llamada «Ley ómnibus» que el gobierno de Milei presentó al Congreso a comienzos de año, a poco de asumir.
A pesar de que el gobierno redujo su tamaño de más de 660 artículos a cerca de la mitad, en febrero una mayoría en la Cámara de Diputados rechazó los principales artículos, llevando a que Milei ordenara el retiro del proyecto parlamentario, que volvió al punto cero.
Tras varios meses de negociaciones, el nuevo paquete, que contiene 232 artículos, fue aprobado por Diputados a finales de abril, y ahora recibió el visto bueno de la Cámara Alta, dando pie a que se convierta en la primera legislación que logra aprobar el gobierno libertario.
La previa a la aprobación se vivió con tensión adentro y afuera del palacio legislativo. Y finalmente, el gobierno argentino logró su propósito. Al mando de la sesión estaba la vicepresidente de la Nación Victoria Villarruel, a quien le tocó desempatar. Firme a sus convicciones y con el tesón que la caracteriza, manejó una sesión histórica, en parte empañada por la violencia que se desarrollaba en los alrededores del Congreso, representada por las facciones disidentes del kirchnerismo y la izquierda. Esto no será gratis. Villarruel informó este viernes que, «presentamos ante el Juzgado de la Jueza Servini de Cubría nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace 2 días. Se terminó el país de los violentos. Quién comete un delito, debe responder».
Sin embargo, corriendose del protagonismo que tuvo y el intenso trabajo que llevó adelante durante varias semanas junto a Guillermo Francos y otras figuras del gobierno libertario expresó públicamente su agradecimiento, a todos los senadores que han trabajado fuertemente dentro de sus bloques para que nuestro gobierno tenga estas leyes. También a todos los trabajadores de la Casa, tanto de seguridad, como de cocina, limpieza y demás por haber hecho de esta jornada histórica algo más ameno.
Los cuatro cambios más grandes que traerán las nuevas normas.
- Facultades delegadas
Una de claves más importantes de la Ley Bases para el gobierno es que le otorga al presidente competencias extraordinarias por un año, al declarar «la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética».
Esto le permitirá a Milei contar, hasta mediados de 2025, con facultades que normalmente le corresponden al Poder Legislativo. Así, podrá decidir sobre estos temas sin pasar por el Congreso. No obstante, no será un poder absoluto.
- El RIGI
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es una de las propuestas más polémicas de la Ley Bases. El RIGI prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años, además de estabilidad normativa y protección contra los abusos del Estado, para proyectos que superen los US$200 millones, con el fin de fomentar grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras, a largo plazo.
Está orientado a sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país, como el de la energía, el agro, la minería (incluyendo la extracción de litio) y la infraestructura
- Privatizaciones
La Ley Bases permitirá al gobierno poner en venta algunas empresas del Estado.
Sin embargo, no serán todas las compañías del sector público, como proponía el proyecto original que presentó Milei.
Muy lejos de eso, de las cerca de 40 empresas que quedaban “sujetas a privatización” en la propuesta inicial, solo dos, Intercargo, que presta servicios en aeropuertos a las líneas aéreas, y Energía Argentina S.A. (Enarsa), encargada de la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos y el transporte y almacenaje de combustible, podrán ser privatizadas.
En tanto, Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), los trenes Belgrano Cargas y Logístico S.A, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales quedan sujetas a concesión privada, es decir que estén abiertas a incorporar capital privado, según indica el proyecto.
Tanto la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) como la línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, seguirán siendo del Estado, al igual que los medios públicos (Radio y Televisión Argentina).
- Reforma laboral
La Ley Bases contiene varios artículos que buscan modernizar el régimen laboral e incentivar el crecimiento del empleo formal privado, que está estancado hace más de una década.
La norma ofrece beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores.
Pero, al mismo tiempo, elimina sanciones contra el trabajo «informal», quitando las indemnizaciones especiales que hoy reciben los empleados que no están correctamente registrados.
Según el gobierno, esta flexibilización llevará a más empresas a contratar personal, ya que, en la actualidad, muchos empresarios temen tomar empleados nuevos ante la posibilidad de enfrentar un juicio laboral que puede llevar a una Pyme a la quiebra.
Sin embargo, el Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de Argentina (CIFRA-CTA) advirtió que «al reducirse el costo de incumplir la ley, se desincentiva su cumplimiento efectivo, por lo que esta modificación tenderá a incrementar el empleo no registrado”.
Por otra parte, se crea una nueva figura laboral: el trabajador independiente con colaboradores, que permite a un empleador contratar a hasta cinco personas bajo la categoría de «monotributistas», que no tienen relación de dependencia, lo que, según los críticos, hará que aumente la precarización laboral.
Fuente: Cadena Entrerriana
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