La iniciativa provino del PJ y fue delineada por Guillermo Michel. El proyecto busca que sea Administradora Energía Entre Ríos SA la que comercialice lo que produce el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande y lo administre la provincia.
Fundamentos
El primer desafío que afirman los impulsores del proyecto que está saldado es si Entre Ríos podría crear su propia compañía y comercializar lo producido por Salto Grande, que hoy ingresa al mercado mayorista tanto a CAMMESA y actúa como mandatario del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y ADME (Uruguay), Administrador del Mercado Eléctrico Uruguayo. Y que también cumple con lo prescripto por el artículo 12 de la Ley 15.336 que garantiza que la producción de energía no pueda ser gravada con impuestos y contribuciones, o ser sujeta a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. Eso sumado al dominio originario sobre los recursos que tienen las provincias de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional.
El diseño institucional de esta nueva empresa no afectaría el desempeño de la represa que seguiría siendo binacional pero sería quien se encargue de la comercialización de la energía producida y cuyas funciones, señalan, tampoco se superpondrían con las de Enesa que abastece al 71% del mercado entrerriano, el resto compartido con 18 cooperativas. Esa nueva empresa no tendría funciones similares.
Por último retoman un argumento político que recoger antecedentes en defensa de los recursos que produce Salto Grande de gobernadores anteriores como Jorge Busti o Gustavo Bordet. Y hunden el bisturí en el señalamiento a la actual gestión de Rogelio Frigerio sobre una presunta ausencia de defensa de los intereses locales, a partir de que no judicializó ninguna de las quitas encaradas por la administración de Javier Milei sobre fondos provinciales y, por el contrario, se muestra proclive a apoyar las proyectos que necesita la Casa Rosada sin contraprestación para Entre Ríos.